El Tribunal Municipal de Manatí, en la provincia Las Tunas, condenó la semana pasada a dos años de privación de libertad al activista Yoan Ricardo Llerena por el delito de "desacato a la figura del presidente y otros funcionarios públicos".
Su esposa, Disnelbys Vidal, conversó con Martí Noticias sobre el proceso judicial: “Fue un juicio abreviado. Se le llama abreviado porque ahí no entregan petición fiscal y en el mismo juicio le dictan la sentencia”.
El juicio abreviado es un procedimiento penal simplificado que se aplica cuando el acusado acepta su culpabilidad y se somete a una sentencia reducida.
Llerena estaba en prisión provisional desde hace cinco meses, después que, el 2 de diciembre, fuerzas combinadas de la policía política y la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) lo arrestaran tras practicar un registro en su vivienda situada en el Cerro de Caisimú, municipio tunero Manatí.
“Luis Ángel, el de la Seguridad del Estado en el municipio Manatí, y Ortelio Víctor, el delegado de aquí, de mi comunidad, que fue el testigo del registro, alegaron en el juicio varias cosas que no iban: un delito de salida ilegal que ya Joan fue sancionado por eso, con unas multas; que se juntaba con personas antisociales, que hacía reuniones en su casa, actividades; que pintaba graffitis, y la máxima sanción que el de la Seguridad del Estado quería que le echaran a Yoan era de 8 a 10 años”.
En este sentido, Vidal elogió la postura del abogado defensor, que no se amilanó frente a los planteamientos de las autoridades de la zona que fungieron como testigos de la Fiscalía.
“El abogado solicitó a la jueza que tuviera en cuenta que muchas cosas de las que decían ahí eran falsedades no probadas. Entonces, pidió dos años para Yoan”, relató.
No obstante, Vidal indicó que su esposo no debió ser sentenciado ni sometido a proceso penal “porque se supone que en la Constitución dice que tenemos libertad de expresión, y si tuviésemos de verdad libertad de expresión, esa sanción no debería de ser, porque él usó su derecho a expresarse en las redes sociales, en el medio que todo el mundo ve”.
El Código penal cubano establece que cualquier persona que difunda lo que el Poder considere falsedades, calumnias o injurias puede ser condenado a entre seis meses y dos años de prisión o multa, o ambas, e incurrirá en penas más severas, entre otros motivos, si la información se divulga en las redes sociales o en medios de comunicación social en sus espacios físico y digital.
Expertos y organizaciones internacionales han señalado que estas leyes limitan la libertad de expresión y son instrumentos para eliminar el debate público y blindar al sistema socialista, al régimen y sus representantes.
El medio Yucabyte denunció a principios de este año la criminalización en Cuba del disenso en redes sociales y lamentó que, a pesar de la represión digital, la Unión Europea ha entregado 3 millones de euros al régimen para proyectos de “digitalización”.
Llerena, recluido en la cárcel El Típico, podría ser trasladado en pocos meses a un correccional y continuar el cumplimiento de su sentencia en un régimen menos severo.
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